La Unión Europea publicó el 14 de diciembre de 2022 nuevas reglas de información corporativa sobre sostenibilidad que obligan a las empresas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y en el medio ambiente.
La Unión Europea publicó el 14 de diciembre de 2022 una nueva norma que obliga a las empresas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y en el medio ambiente. Damos respuesta a sus principales claves:
Es la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la que se modifican el Reglamento (UE) 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE. En inglés, conocida como Corporate Sustainability Reporting Directive, por sus siglas en inglés (CSRD).
Equiparar la información sobre sostenibilidad con la información financiera, dando respuesta al aumento exponencial de la demanda de información sobre esta materia que se ha producido en los últimos años (especialmente por parte de la comunidad inversora), permitiendo el acceso a datos fiables y comparables.
Estos son los principales cambios que introduce:
Esta nueva norma sobre información corporativa en materia de sostenibilidad obligará a las grandes compañías a informar regularmente sobre el impacto de su actividad en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social.
Esta norma pretende acabar con el lavado de imagen verde de algunas empresas, reforzar la economía social de mercado en la UE y sentar las bases para establecer estándares sobre sostenibilidad a nivel mundial.
Además, esta nueva legislación permitirá, a la larga, equiparar la información sobre sostenibilidad con la información financiera, permitiendo al público acceder a datos fiables y comparables.
El Consejo aprobó el texto el 28 de noviembre y entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europa (el 14 de diciembre de 2022). España, al igual que el resto de los estados miembros de la Unión Europea, cuenta con 18 meses para aplicar las normas.
Esta norma será de obligado cumplimiento para las empresas en las siguientes 3 fases:
Además, en 2029, deberán presentar el informe del ejercicio de 2028 las empresas de terceros países que cuenten al menos con una filial o sucursal con domicilio social en la UE (o con un volumen de negocios neto de más de 150 millones de euros en la comunidad europea).
Estarán sujetas a auditorías independientes y procesos de certificación. Además, queda garantizado el acceso digital a la información sobre sostenibilidad.
Frente a las cerca de 11.700 compañías cubiertas por las anteriores normas, la nueva Directiva se aplicará a casi 50.000 empresas de la UE.
La Directiva europea entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europa (el 14 de diciembre de 2022). España, al igual que el resto de los estados miembros de la Unión Europea, cuenta con 18 meses para aplicar las normas.
El 4 de marzo de 2023 finalizó el trámite de consulta pública previa abierto por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la futura norma de transposición de la Directiva CRSD.
Con esta consulta se ha puesto en marcha la transposición de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, de cumplimiento exigible en los próximos años.
La aprobación de Directiva de Informes sobre Sostenibilidad Corporativa supone un cambio de paradigma, una adaptación a las necesidad del planeta y el fomento de una economía mundial donde no solo rigen las finanzas. La nueva Directiva permitirá al publico acceder a una comunicación más homogénea y transparente e impulsar estrategias empresariales sostenibles.
Actos delegados: actos no legislativos adoptados por la Comisión para completar o modificar determinados elementos no esenciales de un acto legislativo. La Comisión también consulta a expertos, entre los que se incluyen los expertos designados por cada Estado miembro, antes de adoptar este tipo de actos.
EFRAG: entidad que asesora a la Comisión Europea sobre la adopción de las normas internacionales de presentación de información financiera.