La CE pide «menos residuos y más valor», e identifica instrumentos clave para el éxito en materia de gestión de residuos.
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Pese a los esfuerzos a nivel nacional y europeo, la cantidad de residuos no disminuye. La Unión Europea genera 2500 millones de toneladas de residuos al año, conforme a datos de la Comisión Europea, que afirma que son necesarios esfuerzos adicionales por parte de los Estados miembros para una mejor gestión de residuos.
Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), dieciocho de los veintisiete países miembros corren el riesgo de incumplir al menos uno de los objetivos para 2025 de reciclar el 55 % de los residuos municipales y el 65 % de los envases. Solo Austria, Eslovenia, Italia, Luxemburgo, República Checa, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos van camino de posiblemente alcanzar ambos objetivos de reciclado establecidos por la UE.
En el marco del Pacto Verde, en marzo de 2022 la Comisión Europea propuso un paquete de medidas para acelerar la transición a una economía circular. Las propuestas, que se anunciaron en el Plan de Acción de Economía Circular, incluyen impulsar los productos sostenibles, revisar el reglamento sobre productos de construcción, una nueva estrategia sobre textiles y empoderar a los consumidores para la transformación verde.
La circularidad debe integrarse en todas y cada una de las etapas de la cadena de valor del producto para lograr una verdadera economía circular, desde el diseño y la producción, pasando por el consumidor hasta el fin de su vida útil. El plan de acción de la Comisión establece siete sectores cruciales: electrónica y TIC; baterías y vehículos; embalaje; plástico; textiles; construcción y edificios, y alimentos, agua y nutrientes.
Los plásticos son una de las áreas prioritarias de actuación para la CE, al considerar que se reciclan menos de la cuarta parte de los que se recogen y casi la mitad termina en vertedero. La Estrategia Europea sobre residuos plásticos quiere disminuir progresivamente los microplásticos y el plástico de un solo uso.
En este sentido, las nuevas normas sobre envases propuestas en noviembre de 2022 contemplan el cambio a plásticos de origen biológico, biodegradables y compostables. También incluyen propuestas para mejorar el diseño de los envases y proporcionar etiquetas claras que apoyen el reciclaje adecuado.
Otra de las prioridades fijadas en el plan de acción de economía circular es reducir los e-waste. Los residuos de aparatos electrónicos son uno de los flujos de residuos de más rápido crecimiento en Europa, y se recicla menos del 40 %. Los eurodiputados respaldan promover una vida útil más larga de estos productos mediante la reutilización y el «derecho a reparar».
Para avanzar en la ambiciosa hoja de ruta de la UE hacia la neutralidad climática para 2050, los países deben implementar o actualizar sus planes nacionales y estrategias de economía circular. Un segundo informe elaborado también por la AEMA apunta a algunos instrumentos, como el impuesto al vertido, el pago por generación de residuos o los sistemas de recogida selectiva, como herramientas eficaces para la prevención y gestión sostenible de los residuos.
La Comisión Europea recomienda el uso de instrumentos económicos, y particularmente del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, para cumplir con los objetivos de reciclado de la UE. Estas recomendaciones quedaron reflejadas en la vigente normativa comunitaria sobre residuos, que modifica la Directiva 2008/98/CE.
Aunque los niveles impositivos varían considerablemente entre Estados, la media de Europa se sitúa en torno a los 39 a 46 euros por tonelada de residuos depositada. Por lo general, la incineración se grava a un nivel inferior al de los vertederos, y muchos países aplican impuestos más bajos teniendo en cuenta la valorización energética.
Otra medida efectiva que, de acuerdo con la OCDE, tiene un impacto positivo en las tasas de reciclaje son los sistemas Pay as you throw (PAYT, por sus siglas en inglés) o de pago por generación de residuos. Un incentivo económico que busca tanto generar menos residuos como promover la participación de los productores de residuos en la recogida selectiva.
Basados en el principio «quien contamina, paga», los sistemas PAYT consisten en que los ciudadanos y entidades públicas o privadas pagan por los servicios de recogida en proporción a la cantidad y el tipo de residuos generados. De modo que cada hogar o comercio computa por la generación real de residuos.
Además de los instrumentos económicos, la recogida selectiva de residuos es también un elemento clave para mejorar las tasas de reciclaje. Con objeto de facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad, demanda que los ciudadanos y otros productores separen los residuos en origen.
La Directiva Marco de Residuos exige la recogida separada de, al menos, el papel y el cartón, el plástico y el vidrio. Esta será asimismo obligatoria para los biorresiduos (residuos alimentarios y de jardinería) a finales de 2023 y de 2025 para los textiles y los residuos domésticos peligrosos. Puesto que los biorresiduos representan la fracción mayoritaria (37 %) de los desechos municipales, su recogida selectiva es esencial para cumplir con los objetivos comunitarios en política de residuos.
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