Analizamos el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea revisando sus objetivos y las nuevas medidas propuestas, dando respuesta a las preguntas más frecuentes.
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La importancia de la responsabilidad social y ambiental en el ámbito financiero ha avanzado significativamente gracias a acuerdos internacionales como el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNCC) y la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
En la Unión Europea, ya se evidencia el aumento de las inversiones sostenibles. No obstante, las empresas e inversores se enfrentan obstáculos en esta transición, especialmente en cuanto al cumplimiento de los nuevos requisitos de divulgación y notificación.
Es por ello que la Comisión presentó en junio de 2023 nuevas medidas que presten apoyo a las empresas y al sector financiero, fomentando al mismo tiempo la financiación privada de proyectos y tecnologías de transición.
En este artículo, exploramos el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, sus objetivos y las nuevas medidas propuestas, resolviendo las preguntas más frecuentes.
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Las finanzas sostenibles permiten el diseño de distintos productos financieros que tratan de equilibrar rentabilidad y sostenibilidad. Se trata de aquellas decisiones de inversión que tienen en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (los criterios ASG) de una actividad económica o un proyecto.
Como parte de sus objetivos climáticos, la Comisión Europea aprobó en 2018 un plan de acción sobre financiación sostenible que pretende:
1. Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles para lograr un crecimiento sostenible e integrador.
2. Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, la degradación ambiental y las cuestiones sociales.
3. Fomentar la transparencia y el largo plazo en la actividad financiera y económica.
Ese plan de acción vino acompañado de un paquete de medidas para su ejecución, entre las que se encuentra el establecimiento de un sistema de clasificación (“Taxonomía europea”).
Entró en vigor en julio de 2020 y se basa en 6 objetivos medioambientales que sirven como base para definir qué actividades pueden ser consideradas sostenibles:
Desde 2022 las grandes empresas deben proporcionar, de manera obligatoria, información sobre su alineación con la taxonomía de la UE (en concreto, desde enero de 2022 para los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático y, desde enero de 2023, para los otros cuatro objetivos ambientales). Esto puede realizarse a través de informes financieros, informes de sostenibilidad o cualquier otro medio de divulgación. Aunque esto solo es obligatorio para las grandes empresas bajo el ámbito de la CSRD (Directiva de reporte de sostenibilidad corporativa), las pequeñas y medianas empresas también pueden beneficiarse de informar voluntariamente sobre su alineación con la taxonomía.
En junio de 2023 la Comisión Europea presentó un nuevo paquete de medidas que persigue aumentar la transparencia en el mercado de inversiones sostenibles y facilitar a las empresas e inversores el uso de este marco normativo. Estas son las principales novedades de dicho paquete:
La propuesta de reglamento publicada por la Comisión Europea amplía las actividades económicas que contribuyen a mitigar el cambio climático, no incluidas hasta ahora en la Taxonomía Europea (en concreto, en los sectores del transporte y manufacturero). Esto permitirá cubrir más sectores económicos y empresas e impulsar la usabilidad de dicha taxonomía para aumentar las inversiones sostenibles en la UE.
El nuevo paquete incluye criterios de evaluación técnicos de la taxonomía de la UE para las actividades económicas que contribuyen a los objetivos medioambientales de «protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas», «uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos», «transición a una economía circular» y «prevención y control de la contaminación».
Como parte de las actividades incluidas en el objetivo de «transición a una economía circular» y en el objetivo de «prevención y control de la contaminación» se encuentra el “Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y actividades de remediación”.
Dentro de esta actividad se incluyen ahora a su vez nuevas actividades. Destacamos a continuación aquellas que están directamente asociadas a la gestión de la cadena de valor del residuo:
Las calificaciones ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) juegan un papel importante en el mercado financiero sostenible de la UE, ya que brindan información a los inversores y las instituciones financieras. El establecimiento de nuevas reglas permitirá a los inversores tomar decisiones mejor informadas con respecto a las inversiones sostenibles.
Entre las nuevas obligaciones de los proveedores de datos ASG se encuentra la necesidad de estar autorizados por la AEVM o ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) o su equivalente (en caso de ser un proveedor de un país fuera de la UE); diseñar metodologías de calidad de datos ASG “rigurosas, sistemáticas, objetivas, continuas y sujetas a validación” y revisarlas al menos anualmente; desarrollar políticas, procedimientos y mecanismos para cumplir con los estándares organizativos y de gobierno relacionados con esta actividad de calificación, etc.
Por otra parte, las ESMA y autoridades nacionales competentes deberán mantener un registro público actualizado con información genérica de los proveedores de datos ASG; supervisar la actividad de los proveedores de datos ASG y, en su caso, imponer sanciones.
Cabe destacar que, por primera vez, la Comisión identifica cuatro tipos de calificación ESG actualmente en el mercado, asociándolos a determinadas agencias. Entre estos tipos, se encuentra la evaluación de los riesgos de sostenibilidad de la cadena de suministro no utilizada con fines de inversión directa (EcoVadis).
Los pilares fundamentales de estas nuevas reglas son el Reglamento sobre la divulgación de información financiera sostenible (SFDR) y la Directiva sobre la elaboración de informes empresariales sostenibles (CSRD).
Esta nueva guía ayudará a las empresas y entidades financieras a evaluar su elegibilidad y alineación con la taxonomía. Se suma a las dos ya existentes: EU Taxonomy Compass (una representación visual de los sectores económicos, actividades y criterios técnicos de selección incluidos en los actos delegados de la taxonomía de la UE), y el EU Taxonomy Calculator (herramienta que permite calcular las ratios de elegibilidad y alineación con la taxonomía de la UE).
Se presentan recomendaciones y ejemplos prácticos para las empresas y el sector financiero con el objetivo de facilitar la financiación de la transición y mejorar su desempeño en sostenibilidad.
También se reconoce que las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos específicos que deben abordarse.
La implantación de herramientas tecnológicas como el software Zero apoyan la planificación y establecimiento de procesos para la recopilación de datos de residuos, contribuyendo a que la sostenibilidad sea medible y controlable.
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