El cálculo de la huella de carbono ha pasado de ser una tendencia voluntaria a una imposición para las empresas, como actores clave en la carrera hacia la descarbonización.
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Desde 2023, las grandes compañías tienen la obligación de medir y notificar su huella de carbono, es decir, la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de la actividad que desarrolla la organización. Para su cálculo, se analizan las emisiones de GEI durante todo el ciclo de vida de un servicio o producto. Esto incluye desde la producción y la etapa de consumo hasta el final de su vida útil.
Te explicamos los antecedentes de esta «huella» y los potenciales beneficios, tanto ambientales como estratégicos, para una empresa del cálculo de su huella de carbono corporativa a lo largo de la cadena de valor. Veremos por qué es importante y cómo las organizaciones pueden abordarlo de manera efectiva para la descarbonización de sus procesos.
El cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Este fenómeno global está íntimamente relacionado con el incremento de GEI en la atmósfera, especialmente de dióxido de carbono (CO2), a causa de la actividad humana. Analizando el nivel de emisiones generadas a lo largo del ciclo de vida de una organización o producto, es posible identificar las concentraciones máximas y desarrollar un plan estratégico para reducirlas.
A este análisis lo denominamos cálculo de la huella de carbono. La huella de carbono, calculada en equivalente de CO2 (CO2eq), es un indicador ambiental que surgió como parte del concepto de «huella ecológica». El término ganó popularidad en 2003 cuando la compañía British Petroleum (BP) lanzó la primera calculadora de CO2. Lo hizo en una campaña publicitaria en la que alentaba a las personas a calcular su huella de carbono personal.
En el 2015, con la firma del Acuerdo de París, los Estados pudieron analizar datos específicos sobre su huella de carbono y se puso entonces el foco en las corporaciones. A medida que la crisis climática se convertía en una preocupación cada vez más central en las conferencias internacionales, algunas empresas comenzaron a calcular y comunicar voluntariamente el impacto ambiental asociado a su actividad.
Antes, la aprobación en diciembre de 1997 del Protocolo de Kioto puso en marcha la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) comprometiendo a los países industrializados a limitar las emisiones de GEI conforme a las metas individuales acordadas. Europa, principal impulsora en la lucha contra el cambio climático, se ha dotado desde entonces de un marco jurídico obligatorio que engloba cada vez más sectores de la economía, incluido el de los residuos. En este sentido, el Reglamento 2021/1119 establece el marco para lograr la neutralidad climática en 2050.
Para cumplir con los 1,5 ºC de París y con la normativa de la UE en materia de reducción de emisiones, se aprueba en España la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. Esta ley establece que las empresas estarán obligadas a calcular, registrar y reducir su huella de carbono a partir del 2023. El ámbito de aplicación incluye a organizaciones con las siguientes características: las empresas con más de 50 empleados, aquellas con una facturación superior a los 10 millones de euros y las que operen en Baleares.
El cálculo de la huella de carbono ha pasado a ser un requisito impuesto por los reguladores en la mayoría de los países. Pero, más allá de la obligatoriedad, calcular y divulgar la huella de CO2 conlleva una serie de ventajas para las compañías. Su medición y las posteriores medidas implantadas pueden conducir a beneficios en términos de ahorro energético, material y económico para la organización. Permite detectar procesos poco eficientes y reducir costes operativos gracias a la optimización de los mismos.
Además, ayuda a identificar proveedores líderes en materia de sostenibilidad frente a aquellos que no cumplen con los requisitos mínimos, y aumentar el compromiso y las relaciones comerciales. La información obtenida puedo usarse para decisiones en la compra y la logística, así como para encontrar soluciones innovadoras o desarrollar nuevos productos de menor impacto. Todo ello logra, a su vez, mejorar la imagen de la empresa ante clientes, inversores, colaboradores y los propios empleados.
Para medir la huella de carbono de una organización, se dispone de estándares internacionales y reglas para el cálculo de las emisiones de GEI en función de sus alcances. Se distinguen tres alcances:
Las herramientas más empleadas a día de hoy por las empresas para calcular su huella de CO2 son el GHG Protocol y la norma ISO 14064. Estas permiten medir y certificar la huella de carbono de organizaciones (suma de GEI emitidos por efecto directo o indirecto de su actividad) y de productos (emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por el procesado, fabricación, distribución y uso hasta el depósito, reutilización o reciclado). Las compañías que compensan su huella se recogen en el Registro Nacional de Huella de Carbono, previa solicitud a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).
Calcular la huella de carbono es el paso previo para reducir y compensar los gases invernadero emitidos por la empresa. Permite, además, adelantarse a las novedades normativas en materia de sostenibilidad empresarial y cumplir con los objetivos de descarbonización fijados. Zero mide la huella de carbono asociada la gestión de residuos. Una plataforma digital para empresas multinacionales que apuestan por la circularidad y la trazabilidad, pues ayuda a gestionar toda su cadena de valor y tomar decisiones inteligentes de negocio.
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